¿Quién quiere pagar el impuesto de sucesiones?

Casi todo el mundo se molesta a la hora de pagar un impuesto, sobre todo cuando supone un buen mordisco en nuestro bolsillo. Pero, más aún si cabe, cuando sentimos que es injusto y prescindible.

Éste es el caso habitual del llamado Impuesto de Suceciones y Donaciones, cuando lo aplicamos a la herencia de nuestros círculos más cercanos, especialmente nuestros padres o abuelos, ya que es una figura que graba dos veces un mismo hecho imponible por el que ya tributaron nuestros padres y abuelos.

En la mayor parte de la Unión Europea, este impuesto no existe o es muy residual. Sólo Francia, Holanda, Bulgaria y Bélgica recaudan más por este impuesto (en porcentaje de PIB). Nuestros vecinos portugueses o italianos tienen una recaudación mucho menor. Otros, como Suecia o Rumanía, no contemplan el impuesto de sucesiones en su ordenamiento.

Y si se habla de armonización fiscal a nivel europeo para evitar estas diferencias, nos ponemos las manos en la cabeza cuando lo analicemos a nivel estatal.

Y es que se trata de un impuesto estatal cedido a las comunidades autónomas, que tienen una gran potestad y libertad a la hora de imponer su criterio para la determinación de los tipos imponibles y las posibles reducciones a aplicar según el parentesco . Una diferencia considerable que puede ir del 1% al 45% del bien legado.

Recordamos las manifestaciones en reclamación de rebajas en el impuesto en regiones como Asturias o Andalucía, que llevaron a sus dirigentes a reducir la presión fiscal por este concepto. Por ello, los expertos han propuesto armonizar el impuesto; que se aplique una horquilla del 4% al 11%.

Sin embargo, la escasa recaudación en términos absolutos (algo más de 2.700 millones al año en todo el Estado) y el bajo porcentaje del PIB que representa en el impuesto (0,3% del PIB estatal), permitirían defender su supresión total, en contra de quienes lo defienden como un instrumento que contribuye a la redistribución de la riqueza y la evidente contribución al sostenimiento del gasto público.

No olvidemos una consecuencia que trataremos en otra ocasión, como son las continuas renuncias a herencias que han crecido de forma considerable desde que comenzó la crisis en torno al 2008. Renuncia debido a la dificultad para el pago del tributo o por las grandes deudas que se heredarían.

En todo caso, es una cuestión que dará que hablar durante mucho tiempo, dada la dificultad de ponerle orden y el hambre insaciable de las administraciones, incapaces de renunciar a un ingreso.

CARLOS CALATAYUD CHOLLET

Notari d’Igualada

carloscalatayud@notariado.org